Al cumplirse dos años de los incidentes del 31M, que incluyen la quema del Congreso Nacional y la muerte de Rodrigo Quintana durante el asalto a la sede del PLRA, los procesos judiciales contra los principales implicados están estancados. Solo hubo una condena que fue anulada.
Los incidentes acontecidos la noche del 31 de marzo y la madrugada de 1 de abril de 2017 por las protestas generadas después de que un bloque de senadores, en una polémica sesión, aprobara el tratamiento de la enmienda constitucional que prohibía la reelección presidencial, quedan todavía en la memoria colectiva. No obstante, los procesos iniciados contra los sindicados en los diferentes episodios aún no han concluido.
El principal de estos acontecimientos fue la muerte del activista liberal Rodrigo Quintana, muerto de un disparo en la espalda durante un asalto policial a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
El único acusado es el suboficial de Policía Gustavo Adolfo Florentín Silva, pero la parte querellante recusó una vez más al juez Alcides Corbeta, mientras que la defensa solicitó que los padres del fallecido sean excluidos del proceso.
También está pendiente el proceso contra los acusados de participar en la quema del edificio del Congreso Nacional y otros hechos vandálicos. El 24 de setiembre del pasado año, el juez Gustavo Amarilla había elevado la causa a juicio oral y público contra los procesados Stiben Antonio Patrón, Roberto Rojas González, Nelly Carlota Cortesi y Marlene Tatiana Orué León, mientras que otros sindicados fueron sobreseídos.
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