La distribución en el esquema es la siguiente: 20 por ciento para el juez, de miles de notificaciones de las demandas de las empresas involucradas en la mafia; 15% es para el abogado de las firmas y 65% es para el ujier, que debe cubrir costos de su desplazamiento. En la etapa final de la […]
La distribución en el esquema es la siguiente: 20 por ciento para el juez, de miles de notificaciones de las demandas de las empresas involucradas en la mafia; 15% es para el abogado de las firmas y 65% es para el ujier, que debe cubrir costos de su desplazamiento. En la etapa final de la demanda, el juez negocia de nuevo otro monto con el abogado, de acuerdo a comentó a El Observador una fuente.
Esta fuente aseguró que los abogados de las empresas demandantes, lo primero que hacen es conversar con el juez, en donde se llega a un acuerdo con relación al monto a ser repartido la realizar las primeras notificaciones a los miles de demandados.
Sin embargo, los magistrados de paz de los criticados juzgados se quieren lavar las manos, pero eso es inaceptable. No es creíble que el juez no sepa lo que está haciendo el ujier, el actuario o los funcionarios del juzgado a su cargo. En ese sentido, nuestra fuente enfatizó en que las notificaciones fraudulentas a los demandados se realizan con el acuerdo y el porcentaje del 20% para el magistrado.
Es por eso, que la Corte no se puede quedar con una simple suspensión del ascenso de los ujieres involucrados, ni la puesta de los mismos a disposición de Personal. La investigación tiene que ser más profunda y tiene que abarcar a los jueces de paz, que insistimos, no pueden alegar desconocimiento de que un esquema criminal está funcionando en las narices de ellos.
Leer la nota completa en El Observador
