Seúl, 4 dic (EFE).- Las presiones para sacar del poder al presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, no cesan desde que el mandatario declarara breve e inesperadamente en la víspera la ley marcial al acusar a la oposición de "actividades antiestatales", una decisión que erosiona aún más su escasa popularidad y puede costarle el cargo.
Encarnando una presidencia tan impopular como debilitada a la que llegó gracias al estrecho margen de menos del 1 % por el que se impuso al liberal Lee Jae-myung en 2022, Yoon (nacido en Seúl en 1960) es el líder surcoreano con la mayor valoración negativa de la historia (74 %, según la empresa de sondeos Gallup Korea) y el primero en la democracia del país en no contar con el control de la Asamblea General (Parlamento) en ningún momento de su mandato.
La presión para que el mandatario dimita va en aumento y seis formaciones, incluida la principal fuerza opositora, el liberal Partido Demócrata (PD), presentaron este miércoles una moción parlamentaria para destituirlo, después de que algunos de sus principales asesores, entre ellos su jefe de Gabinete y su asesor de Seguridad Nacional, se ofrecieron a renunciar en masa el mismo día.
A la vez, el mayor grupo sindical del país, la Confederación Coreana de Sindicatos (KCTU), convocó protestas y prometió iniciar una huelga indefinida hasta que Yoon asuma la responsabilidad de lo sucedido y abandone el cargo, algo que los ciudadanos también parecen pedir a voces.
Jurista de formación y con una fulgurante carrera en la Fiscalía surcoreana, Yoon podría haber orquestado su propia caída al asumir el riesgo de imponer la ley marcial de emergencia, revocada seis horas después de que el Parlamento votara a favor de levantarla.
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