El rumor sobre la desvinculación de 250 funcionarios tercerizados en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) vuelve a resonar, según fuentes internas que prefieren el anonimato. Este ajuste, descrito como un “reordenamiento administrativo”, sería parte de una estrategia económica y política para depurar personal precarizado y mantener intactas las redes de padrinazgo político que controlan la institución.
Los despidos no afectarían a funcionarios permanentes, sino a aquellos contratados bajo la figura de Orden de Compra (OC), un esquema que, según las fuentes, ha sido utilizado históricamente para incorporar personal a través de empresas tercerizadas vinculadas a políticos.
De los 350 trabajadores que ingresaron bajo esta modalidad durante la gestión de Nicanor Duarte Frutos, ya se han desvinculado a varios, y el objetivo sería continuar con esta línea.
“Los contratados por OC no figuran en ninguna nómina oficial de la EBY, pero realizan las tareas que permiten que las oficinas operen. Sin embargo, este sistema también ha servido para acomodar a operadores políticos de empresas de maletín”, denunció una de las fuentes.
Aunque la eliminación progresiva de contratos OC podría interpretarse como un intento de transparencia, las fuentes insinúan que el verdadero trasfondo podría ser “vaciar” la institución de personal precarizado para visibilizar a los planilleros apadrinados por políticos poderosos. Gobernadores, diputados y senadores serán los protectores de estos “planilleros de oro”, quienes reciben salarios millonarios por marcar entrada y salida, sin cumplir horarios ni funciones reales.
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