Violencia política solo trae más muerte y dolor a la ciudadanía

Violencia política solo trae más muerte y dolor a la ciudadanía

El nuevo caso de presunto secuestro atribuido al grupo criminal EPP, que tiene como víctima al ex vicepresidente Óscar Denis y al joven peón Adelio Mendoza, de la etnia Paĩî Tavyterã, vuelve aún más complicada la situación política y de falta de seguridad. Además de condenar enérgicamente lo ocurrido, es importante reiterar que la violencia como herramienta política no es aceptable. Desde el Estado, la lucha contra los grupos criminales debe ser constante y efectiva, llevada a cabo conforme a la ley y a los protocolos internacionales, no solamente a través de operaciones represivas, sino también con programas de desarrollo en la región, que permitan transformar las condiciones de marginamiento y olvido.

La ciudadanía nuevamente está conmocionada. Tras los lamentables sucesos que habían ocurrido durante la semana anterior, en que dos niñas de 11 años fallecieron durante un operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta (FYTC) en un campamento del grupo armado criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), se ha producido otro hecho aparentemente vinculado con el anterior, con el presunto secuestro del ex vicepresidente de la República Óscar Denis Sánchez, y del joven peón Adelio Mendoza, perteneciente a la etnia indígena Paî Tavyterã, en una estancia de Bella Vista, Amambay.

El deleznable hecho delictivo es condenable desde todo punto de vista. Lo ocurrido este miércoles en la estancia Tranquerita, del distrito de Bella Vista, vuelve aún más complicada la situación política y de falta de seguridad en torno a las últimas acciones violentas en la zona Norte del país, donde —además de las actuaciones criminales del grupo armado EPP— persisten con mucha impunidad las actividades de bandas del crimen organizado y del narcotráfico, con asesinatos cometidos por sicarios que muy pocas veces son seriamente investigados y resueltos por los órganos de Justicia.

La mayoría de los crímenes acaban en la impunidad o en el oparei.

Los organismos de seguridad y de Justicia del Estado arrastran una cuestionada inacción en la prolongada lucha contra el EPP, sin haber podido demostrar hasta ahora resultados efectivos, como la captura de los principales líderes y la desactivación de su accionar delictivo.

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