En el 2011, la agroganadera Sanja Pytã, del sobrino de Antonio J. Vierci, acordó con la ANNP arrendar el puerto de Concepción por cinco años. La empresa debió realizar mejoras por unos G. 1.200 millones, abonar un canon mínimo de US$ 10 mil por mes y operativizar la terminal granelera. Una auditoría del 2014 corroboró que nunca hicieron las mejoras, tampoco estaban al día con el canon y encima subarrendaron el puerto en abierta violación al contrato. Es por ello que la administración actual rescindió el contrato y Vierci apeló para no perder el negocio.
Un enorme contraste hay entre estas fotos. En las de la izquierda el abandono y la desatención de la anterior adjudicataria son patentes; en la segunda, la nueva firma imprimió mejoras y modernizó la estructura.
En fecha 8 de agosto del 2011 la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), presidida en ese entonces por el abogado Vidal Francia Zaracho, durante el gobierno de Fernando Lugo, firmó un contrato de arrendamiento y operación comercial de las instalaciones graneleras y silos de la terminal portuaria de Concepción – Puerto Nuevo con la firma agroganadera Sanja Pytã SA, representada en dicho acto por su apoderado general Lic. Eduardo Raúl Vierci Bertón, sobrino del empresario Antonio J. Vierci.
El acuerdo tenía inicialmente un plazo de cinco años, prorrogables, y en los 30 primeros meses de vigencia la empresa debía abonar a la ANNP la suma de US$ 10.000 mensuales. Este monto, considerado irrisorio para el volumen de operaciones que se podrían realizar en un puerto de estas características, fue establecido porque en una de las cláusulas del contrato la agroganadera Sanja Pytã SA se comprometía a realizar inversiones y mejoras en la terminal.
En efecto, en la cláusula 12ª la arrendataria obligaba a realizar reparaciones de urgencia conforme al relevamiento de la gerencia de Obras Portuarias de la ANNP. El contrato especificaba que las reparaciones a ser efectuadas debían ser realizadas para dejar la terminal granelera en condiciones de operación segura, identificando los trabajos necesarios con una inversión total que ascendía a la suma de G. 1.149.663.694.
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