Familiares de víctimas de la matanza de Curuguaty, que en 2012 causó la muerte de 17 personas, reiteraron su pedido de investigación de la matanza, luego de que Amnistía Internacional alertara en su informe 2016-17 de irregularidades denunciadas.
En la masacre, ocurrida durante un desalojo de tierras, murieron seis policías y once campesinos, pero las muertes de los labriegos nunca fueron investigadas.
Familiares de los once campesinos fallecidos, acompañados por activistas de Amnistía Internacional (AI), se reunieron con el presidente del Congreso paraguayo, Robert Acevedo, y con el ministro de Justicia, Éver Martínez, para entregarles el informe de la organización, publicado este miércoles en París, y expresarles sus reivindicaciones.
“Estamos para exigirles y hacerles acordar a la gente que está en el poder, en el Senado principalmente, que queremos que se investigue la muerte de los campesinos. El año pasado se formó una comisión, supuestamente para hacer una investigación, y hasta ahora no recibimos ni una llamada”, declaró a Efe Martina Paredes, hermana de dos de los campesinos fallecidos en la masacre.
Esta comisión de investigación independiente fue creada en octubre de 2016, en respuesta a una recomendación formulada a Paraguay durante el Examen Periódico Universal (EPU) sobre derechos humanos al que se sometió el país en enero.
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