El viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel Guerreño, explicó que el Ministerio de Justicia no tiene competencia sobre los establecimientos militares o policiales, pero reconoció que la ley no prohíbe que un juez ordene la reclusión de un procesado en esos lugares.
El viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Rubén Maciel Guerreño, no cuestiona la legalidad de enviar a un procesado por crimen organizado a una cárcel militar, siempre que se respeten sus derechos, aunque aclara que el Ministerio de Justicia no tiene competencia en esos casos. En la práctica, la decisión recae en el juez que ordena la medida y en las Fuerzas Armadas, que pueden aceptar o no al recluso.
"En relación al Código de Ejecución Penal, el mismo sólo otorga competencia al Ministerio de Justicia (órgano administrativo de ejecución penal) a los establecimientos penitenciarios civiles, no militares ni policiales", explicó Maciel en entrevista con el diario El Nacional.
Las declaraciones se dan en torno al caso de Miguel Ángel Insfrán, alias "Tío Rico", procesado por delitos relacionados con crimen organizado, y que fue enviado primeramente a la cárcel militar de Viñas Cue. Su traslado generó consultas sobre la legalidad de alojar a un procesado en un penal militar, dado que el Ministerio de Justicia solo administra los establecimientos penitenciarios civiles.
Sin embargo, enfatizó que los derechos, garantías y obligaciones de las personas privadas de libertad se aplican por igual, sin importar el lugar de reclusión. En ese sentido, sostuvo que la decisión de trasladar a un procesado a una cárcel militar es legal, aunque la responsabilidad recae en el juez o tribunal que la ordena.
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