La Corte Suprema rechazó la chicana planteada por dos directivos de la Caja Bancaria y en consecuencia el juzgado penal de garantías tiene vía libre para la realización de la audiencia preliminar para los acusados por una supuesta “megatragada” en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines, por más de 2 billones y medio de guaraníes.
Por el Auto Interlocutorio (AI) N° 715 del 15 de diciembre de 2022, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible el recurso extraordinario de casación interpuesto por el abogado Álvaro Arias en nombre y representación de los procesados José Antonio Caballero Bobadilla y Xavier Hamuy Campos Cervera, acusados por lesión de confianza por la supuesta “megatragada” de más de 2 billones y medio de guaraníes. También están acusados por el Ministerio Público los directivos Miguel Oro Domínguez y Ángel Ramón Chamorro.
La casación de la defensa fue planteada contra el Auto Interlocutorio Nº 354 del 11 de octubre de 2022, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal, Cuarta Sala de la Capital, que confirmó el A.I. N° 658 del 8 de agosto de 2022; dictado por la Jueza Penal de Garantías, Abg. Cynthia Lovera Brítez, por el cual había ordenado la reapertura de la causa y fijó fecha de audiencia preliminar.
Los miembros de la Sala Penal de la Corte Suprema, ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Dejesús Ramírez Candia y María Carolina Llanes, argumentaron que el recurso extraordinario de casación promovido por dos acusados, es contra un auto interlocutorio que admite un recurso y confirma una resolución del órgano jurisdiccional de primera instancia, la cual, ordena la reapertura de la causa y fija fecha para la realización de la audiencia preliminar, por lo cual, el efecto de las mismas es precisamente la continuación del proceso a la etapa subsiguiente, que es la audiencia preliminar.
De igual manera, la Sala Penal señaló que es imperioso indicar que el recurrente omite realizar un análisis del Art. 477 del Código Procesal Penal (CPP), sino que simplemente se limita a manifestar que el fallo impugnado es “manifiestamente infundado...”, incursándolo dentro del Art. 478 inc. 3°, pero, omitiendo analizar si el fallo recurrido se encuentra dentro del catálogo previsto en el ya referido Art. 477 del C.P.P.
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