Nicolás Maduro se enroca en el poder y lo hace reforzando la línea dura de su gobierno. Era lo previsible desde que el pasado 28 de julio, jornada de las elecciones presidenciales en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio por bueno unos resultados que a todas luces indicaban un mega fraude electoral por parte del oficialismo. Ya en plena campaña electoral, Maduro advirtió que el único resultado factible sería el de su victoria.
Así anticipaba el pucherazo que la noche del 28-J se consolidó, arrebatándole la victoria a la coalición opositora representada por el candidato oficial Edmundo González con el respaldo de María Corina Machado, líder a la sombra de la oposición debido a la inhabilitación que pesa sobre ella.
Un mes después del auto golpe, las actas electorales siguen brillando por su ausencia a pesar de las presiones de la comunidad internacional. Los 27 ministros de la Unión Europea acaban de anunciar que no aceptan la legitimidad de Maduro como presidente electo porque no pueden verificar los resultados. Por su parte, la administración Biden ha manifestado que González fue el ganador en los comicios y demandan que el gobierno de Maduro inicie una transición.
Gane quien gane en las elecciones presidenciales que se celebrarán en Estados Unidos en noviembre, Washington tendrá que definir las medidas contra el gobernante venezolano.
Por lo pronto, la candidata demócrata Kamala Harris, en una carta dirigida a la oposición, ha expresado su voluntad de “animar a las dos partes en Venezuela a comenzar las discusiones para un traspaso de poder respetuoso y pacífico”. En cuanto a la región latinoamericana, salvo los gobiernos de Brasil, México y Colombia, blandos con el régimen anti democrático de Caracas, el resto de los países denuncian las irregularidades cometidas el 28-J y no reconocen el continuismo del chavismo.
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