El plan del dictador venezolano Nicolás Maduro de convocar una elección anticipada y claramente fraudulenta antes de fines de abril ha sido rechazado por los principales países latinoamericanos, Estados Unidos y la Unión Europea. Esa es una buena noticia, pero será inútil a menos que vaya acompañada de tres acciones internacionales adicionales.
No me malinterpreten: no estoy minimizando la reciente decisión de los 28 países de la Unión Europea de negarle visas de entrada y confiscar los depósitos bancarios de siete altos funcionarios venezolanos y sus parientes cercanos. Ese fue un paso importante, porque los altos funcionarios del régimen venezolano tienen miles de millones de dólares en bancos europeos, y muchos de ellos tienen a sus hijos viviendo la buena vida en Madrid o París. Ahora, tendrán que irse de allí.
Asimismo, el comunicado del 23 de enero del Grupo de Lima –integrado entre otros por Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile y Perú– fue muy importante. El comunicado dijo que las elecciones anunciadas por Maduro, sin autoridades electorales independientes ni observadores internacionales creíbles, y en que los principales líderes opositores tienen prohibido presentarse como candidatos, “carecerán de legitimidad y credibilidad”.
No recuerdo una situación similar en la historia reciente de América Latina en que hubo una condena internacional tan unánime contra una dictadura latinoamericana.
Pero el cálculo de Maduro es que él puede prevalecer. Su anuncio de elecciones anticipadas ya ha logrado eclipsar la noticia de la aparente ejecución extrajudicial del policía rebelde Óscar Pérez, cuyas declaraciones grabadas en video poco antes de su muerte habían dado la vuelta al mundo.
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