Venezolanos dentro y fuera del país, así como gran parte de la comunidad internacional están a la espere de que la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional decida si abre una investigación formal por crímenes de lesa Humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro contra la población en Venezuela, un paso que prácticamente dan por sentado si, como apuntan, la oficina que dirige Fatou Bensouda
Venezuela ratificó el Estatuto de Roma en junio del año 2000, con Hugo Chávez al frente del Gobierno, lo que abrió la puerta a que el TPI tenga desde julio de 2002 competencias para examinar los crímenes cometidos en territorio del país sudamericano o por ciudadanos venezolanos.
Durante estos últimos años, tanto el régimen de Nicolás Maduro como la oposición política han solicitado la intervención de la corte para frenar supuestos abusos, en una internacionalización de la disputa interna que se prolonga ya desde hace varios años y que podría llevar a un punto de inflexión a corto plazo.
De las dos carpetas preliminares que tiene abiertas la Fiscalía del TPI, la más antigua ('Venezuela I') deriva de una denuncia presentada por varios países del Grupo de Lima y confirmada en febrero de 2018. Sobre la mesa están los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad del régimen desde abril de 2017 y, en términos generales, la represión de las protestas convocadas contra la dictadura de Maduro.
En 2020, la oficina de Bensouda concluyó que hay indicios "razonables" de que pudieron cometerse crímenes contra la Humanidad, en particular por los posibles abusos cometidos durante la detención. Estos meros indicios ya fueron celebrados como un aval por parte de la oposición que encabeza Juan Guaidó, que desde enero de 2019 se reivindica como presidente encargado de Venezuela, de acuerdo a la Constitución Nacional de Venezuela.
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