La falta de este dictamen fue el motivo alegado por la mayoría colorada para postergar el tratamiento de esta propuesta, que aumenta las penas hasta 15 años a los hechos de corrupción pública, que afecta principalmente a las autoridades, por lo que se convirtió en polémica.
Como presidenta de esta comisión y proyectista, Vallejo manifestó que el proyecto es prioridad nacional atendiendo las diversas irregularidades que surgen en las compras públicas relacionadas a insumos médicos. “La Defensoría Pública presentó un proyecto que plantea elevar la pena a 10 años, pero solo cuando se perjudica al patrimonio del Estado; se llevó a votación y ganó la pena de 15 años”, detalló la legisladora.
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