Los tres hechos judiciales que envuelven al imputado senador liberal y exministro de Agricultura y Ganadería Enzo Cardozo presentan el mismo esquema para estafar al Estado. Uno por G. 68.000 millones; el otro por G. 3.700 millones y el último por G. 35.000 millones. En total, aproximadamente 20 millones de dólares que estaban destinados, en los papeles, a los pequeños productores para que saliesen de la pobreza.
La exfiscal –hoy juez– Claudia Criscioni tuvo a su cargo la investigación por la estafa de los 68.000 millones de guaraníes; la fiscal Alba Delvalle, por los 3.700 millones y la fiscal Victoria Acuña por los 35.000 millones. Las fiscales Criscioni y Delvalle encontraron documentos suficientes que comprometen al senador Cardozo. Pero la fiscal Acuña, aparentemente nada.
Este hecho llama poderosamente la atención porque, de acuerdo con las documentaciones y las denuncias de las víctimas, los estafadores obedecieron un mismo guión en todos los casos: Cardozo recibía el pedido de sus socios, firmaba la resolución de transferencia sin ninguna exigencia que la ley acuerda para estos casos, firmaba el cheque, se efectivizaba de inmediato con lo que el delito quedaba consumado. Los 68.000 millones de guaraníes tiene otro protagonista: Silvio Riveros.
En la intención de guardar las apariencias se cometía una nueva estafa como el siguiente caso, de los muchos:
Silvio Riveros, titular de la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay (Fenaprofhp), pagó por “servicios de consultoría” a J.M. Auditores más de 800 millones de guaraníes.
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