Ciertamente, la interacción con el fenómeno jurídico del “encubrimiento” de bienes se asoma a partir de los cuerpos dispositivos que potencian su anexión a fin de prever sucesos que debilitan al orden económico legal, y ante ello, se busca lograr una adecuación dispositiva, pues, la idea se asume en el indudable interés por sancionar la conducta “intencional” dentro de la esencia (delictual), es decir, a sabiendas de que los bienes son el producto de delitos precedentes.
Así, se tiene que (precisamente) en la Convención de las Naciones Unidas se ha instalado por término de tipificación, el reconocimiento al injusto por acciones contempladas en el artículo 23° de la disposición consagrada; en tal sentido, se ponderan las modalidades de “encubrimiento”, entendiéndose al suceso gestado (sin que el autor haya participado en las acciones delictivas) “originales” y/o se trate de la retención continua de bienes, bajo valoración cognitiva de que se trata del “producto” de cualquiera de los delitos tipificados con arreglo a la Convención.
Por consiguiente, la normatividad (indicada) busca incidir en la legislación interna de los Estados parte, mediando aprecio desde las marcadas conductas de soborno, el peculado, la apropiación indebida, el enriquecimiento ilícito y el encubrimiento, con el objeto central de determinar la responsabilidad de personas físicas/jurídicas por las acciones corruptas.
Ahora bien, existen legislaciones que han introducido el debate en cuestión, pero con distintas denominaciones, como ser la “receptación” como blanqueo de capitales, al tiempo de inferir sobre la determinación de cualquier agente, quien, bajo ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un injusto penal contra el patrimonio o el orden socioeconómico, en el que “no haya intervenido” ni como autor ni como cómplice, proceda a colaborar con los sujetos responsables del hecho precedente, para que estos últimos puedan disfrutar de los efectos del activo irregular.
De igual forma, se han establecido lineamientos en ciertos países, para establecer la punibilidad de conductas ocasionadas por agentes que adquieran, posean, utilicen, conviertan, o transmitan bienes, sabiendo que estos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos.
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