La Ley Nº 7445/2025 “De la Función Pública” y su Decreto Reglamentario Nº 4230/2025 representan para nuestro país uno de los movimientos legislativos más significativos en materia de empleo público en los últimos años.
Una reforma importante, pero sin diálogo en la Función Pública
Esta normativa, que reemplaza parcialmente la Ley N° 1626/2000, apunta a modernizar la administración pública, establecer principios meritocráticos y consolidar mecanismos disciplinarios. Sin embargo, pese a sus aspectos positivos, ha generado críticas por la ausencia de un diálogo social amplio, la escasa socialización de sus alcances y una implementación marcada por la unilateralidad del Poder Ejecutivo.
Entre los puntos favorables, la Ley N° 7445/25 introduce criterios más claros sobre la carrera administrativa, regulando procesos de ingreso, promoción y evaluación del desempeño con mayor precisión. La normativa busca consolidar el principio de mérito como eje del servicio público, algo largamente reclamado por sectores académicos y de la sociedad civil. Además, refuerza los deberes éticos de los funcionarios y sistematiza las causas de sanciones y destituciones, reduciendo así la discrecionalidad que caracterizaba el régimen anterior.
Igualmente otro avance es la tipificación detallada del régimen disciplinario, estableciendo procedimientos para sanciones, defensas y apelaciones. También se da un paso hacia la profesionalización de la gestión pública al crear registros y mecanismos para el control del ingreso y permanencia de los funcionarios.
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