La paralización de una construcción por una "orden judicial" que se mantiene vigente desde hace casi dos meses, tras una
La paralización de una construcción por una «orden judicial» que se mantiene vigente desde hace casi dos meses, tras una demanda de interdicto presentada por Alejandro Domínguez a través de su empresa Grupo Buenaventura S.A., expone una trama de influencia y maniobras judiciales que favorecen a ciertos sectores con acceso al poder.
El trasfondo de este caso revela la existencia de un esquema que opera en los juzgados con total discrecionalidad, donde la complicidad entre jueces y abogados, junto con contactos directos en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), facilita resoluciones judiciales a medida. La rapidez con la que se dictó la orden de suspensión de la obra es una primera señal de alerta, ya que demuestra la capacidad de estos grupos para influir en la administración de justicia, algo que podría afectar a cualquier ciudadano común.
Uno de los elementos que despierta sospechas, tal como señaló el periodista Ricky Alderete, es el pago de tasas judiciales, que solo ascendió a G. 43.051, monto que fue cargado al sistema a través del usuario de la abogada Chiara Pérez a las 21:22 del lunes 10 de febrero. Según el procedimiento, el sistema debía realizar un sorteo aleatorio para asignar un juez a la causa. Sin embargo, los tiempos de respuesta fueron inusualmente rápidos.
La demanda ingresó oficialmente y, de manera casi instantánea, sin que los documentos originales fueran autenticados ni revisados, se emitió una providencia de admisión. La resolución fue firmada a las 10:41 de la mañana siguiente, el 11 de febrero, por la jueza Rocío «Rochi» Frutos, en un tiempo récord y mediante un supuesto sorteo aleatorio.
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