En un acto que desafía la lógica y la ética pública, la mayoría oficialista de la Junta Municipal de Ciudad del Este ha ejecutado una maniobra que solo puede describirse como un intento burdo de blindar al intendente Miguel Prieto de las graves acusaciones de corrupción que pesan sobre su gestión. La táctica es tan […]
En un acto que desafía la lógica y la ética pública, la mayoría oficialista de la Junta Municipal de Ciudad del Este ha ejecutado una maniobra que solo puede describirse como un intento burdo de blindar al intendente Miguel Prieto de las graves acusaciones de corrupción que pesan sobre su gestión. La táctica es tan simple como descarada: presentar un pedido de intervención a la municipalidad, para luego rechazarlo inmediatamente, evitando que cualquier otro pedido similar pueda plantearse en los próximos 12 meses.
Esta movida, liderada por los concejales oficialistas Pedro Acuña, Víctor Torales, Sebastián Martínez, Alison Anisimoff y Valeria Romero, muestra una vez más cómo el reglamento interno puede ser manipulado para proteger intereses particulares y perpetuar un manto de impunidad sobre la administración de Prieto. Es indignante que, en lugar de enfrentar las más de 40 denuncias ciudadanas presentadas ante el Ministerio Público —incluyendo dos imputaciones con suficientes evidencias—, los concejales opten por desviar la atención pública con una maniobra de distracción.
Lo que resulta aún más preocupante es el mensaje que esto envía a la ciudadanía: la transparencia y la rendición de cuentas no tienen cabida en la política local, y los intereses de unos pocos están por encima de la legalidad y el bienestar común. Si bien la Cámara de Diputados tiene la última palabra en la aprobación de una intervención, la junta municipal ha preferido asegurarse de que este escenario no sea siquiera posible durante el próximo año.
El concejal colorado Ernesto Guerin no se equivoca al describir la situación como “ridícula”. La renuncia colectiva de la bancada opositora al participar en una farsa tan evidente fue una acción que refleja el hartazgo no solo de los políticos honestos, sino también de la ciudadanía, que sigue esperando una verdadera rendición de cuentas.
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