Por Sofía Masi Comments
La industria nacional y los productores agrícolas de nuestro país son perjudicados por esquemas de contrabando que funcionan a la perfección, con la complicidad de los organismos del Estado.
Sólo un sector de los perjudicados son los hortigranjeros. Campesinos que con mucho sacrificio logran cultivar, cosechar y luego traer sus productos para la venta en la feria de Ciudad del Este. Ellos enfrentan una competencia desleal ante la masiva oferta de frutas y verduras contrabandeadas en el mercado de abasto. En ambos mercados populares, hay gente intentando ganarse la vida trabajando. Sin embargo, unos en perjuicio de otros.
El contrabando es una forma de vida para muchas personas en Paraguay. No podría cuantificar las familias que dependen del ingreso ilegal de mercaderías para su sustento diario. Pero así también, existen grandes empresarios que se benefician con esta práctica. Entre ellos, el propio presidente de la República, cuya empresa es señalada en Brasil, como la principal proveedora de cigarrillos contrabandeados. Acabar con el contrabando en esta coyuntura es una utopía.
Se trata de un problema estructural que requiere políticas de Estado y por lo tanto, voluntad política. Para combatir el contrabando, con raíces profundas en la matriz económica y política de nuestro país, claramente no bastan los controles aduaneros. Es necesario erradicar la pobreza, generar fuentes de trabajo digno, invertir y fortalecer la producción nacional, una serie de medidas que no fueron aplicadas por el Gobierno de Cartes y probablemente, tampoco implementará Marito.
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