La ley que tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública establece que la pena mínima para dicho hecho punible es de 1 año de cárcel y la máxima de 10 años. Algunos procesados maniobran para ser liberados.
La Ley 2523 que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública, en su artículo 2° establece que la pena mínima para los procesados por este hecho punible es de un año de cárcel y la máxima de diez años.
Atendiendo lo señalado por la disposición legal, es imposible que aún se dé la libertad de algunos encausados como el exsenador colorado Óscar González Daher, el ex fiscal general Javier Díaz Verón, el extitular del Indert Justo Cárdenas y el exsecretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Raúl Fernández Lippman. Este último, a través de su abogado Álvaro Arias solicitó a la justicia que disponga su libertad plena (ahora guarda reclusión domiciliaria), ya que en enero de 2018 la fiscala Victoria Acuña pidió su prisión preventiva.
Posteriormente, Fernández Lippman obtuvo su reclusión domiciliaria gracias a una maniobra a la que se prestó Acuña, quien se allanó a un pedido de la defensa del exsecretario del Jurado, quien prometió “colaborar” con la fiscalía para el esclarecimiento de los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento, en donde ya fue acusado Fernández Lippman junto a su exjefe y extitular de dicho órgano extrapoder González Daher.
Atendiendo lo establecido por la ley, los otros procesados por enriquecimiento ilícito como González Daher, Díaz Verón y Cárdenas deberán permanecer un año en prisión preventiva, para luego la justicia pueda disponer la libertad de los mismos.
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