El Presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín González como el Director de Financiamiento Político, Christian Ruíz Díaz, destacaron la importancia del control abierto para evitar que dinero proveniente de acciones ilegales estén presentes en los procesos electoralistas, durante el evento “Desafíos y avances del acceso a la información en el combate […]
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín González como el Director de Financiamiento Político, Christian Ruíz Díaz, destacaron la importancia del control abierto para evitar que dinero proveniente de acciones ilegales estén presentes en los procesos electoralistas, durante el evento “Desafíos y avances del acceso a la información en el combate a la corrupción”, organizado por instituciones estatales como el Ministerio de Justicia y la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC).
El titular del TSJE, en la apertura de la actividad, resaltó que el control del financiamiento político “es un tópico en el contexto actual de toda la región y del mundo, suscitando un interés y una preocupación cada vez mayor en los organismos electorales. Paraguay inició este camino con la Ley Nº 4743/2012 y sus suscesivas modificaciones y reglamentaciones, además de resoluciones emitidas desde la máxima instancia electoral que acompañaron estas reformas”.
Sostuvo que cada acción enmarcada en este proceso “cuenta con un interés puntual de controlar la utilización del dinero espurio en las campañas electorales”. Por ello, resaltó que existe un alto cumplimiento por parte de los candidatos y las organizaciones políticas sobre documentaciones presentadas ante esta medida, para su posterior verificación por parte de técnicos tanto de la Dirección de Financiamiento Político como por la Unidad Especializada de Fiscalización del Financiamiento Político.
A la par, el Ministro Bogarín González enfatizó la importancia de herramientas digitales de acceso a la información sobre el financimianto político, puesta al servicio de la ciudadanía; como también la necesidad de una labor en conjunto mediante convenios, con otras instituciones públicas como la SENAC y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), entre otros.
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