El proceso de compra de máquinas de votación, anulado cuando Comitia- MSA fue descalificada, sí exigía altos estándares de ciberseguridad y trazabilidad de papaletas, mientras que el actual proceso de arriendo, cuyo único oferente es el vinculado a exsocios de Santiago Peña, elimina estas exigencias y certificaciones, lo que deja la cancha libre para el fraude electoral, según señalan expertos.
TSJE anuló exigencias de seguridad para arriendo de máquinas de votos
El anulado proceso de compra de 28.000 unidades de por casi US$ 93 millones, exigía máximos estándares de ciberseguridad y la imposibilidad total de que una papeleta pudiera almacenar información o ser reutilizada (ver el cuadro comparativo).
Sin embargo, dicha licitación fue suspendida en numerosas ocasiones por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), cuyo titular designado por Santiago Peña es Agustín Encina, y el Senado, con su mayoría cartista, resolvió pedir a la Justicia Electoral anular el proceso.
La Cámara Alta pidió anular la compra justo después de que la Justicia Electoral descalificara al consorcio argentino Comitia MSA y la firma coreana Miru Systems por no superar los estándares. Ambas tienen vínculos con el Gobierno de turno y son representadas por el estudio jurídico Gross Brown.
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