QUITO, Ecuador. Un tribunal ecuatoriano tiene previsto dar sentencia el próximo martes sobre un vertido de crudo que contaminó en abril varias vías fluviales en la Amazonía, proceso legal al que precederá el lunes un “Tribunal ético popular”, formado por expertos en derechos humanos contra los que consideran responsables.
La sentencia se emitirá en la ciudad Francisco de Orellana, también conocida como Coca, ante una demanda para la adopción de medidas cautelares en una acción de protección exigida por un centenar de comunidades indígenas afectadas por la contaminación.
Más de 15.000 barriles, según grupos indígenas, acabaron en los ríos de la región cuando tres conductos de dos oleoductos que van desde la Amazonía, en el oriente, hasta la costa ecuatoriana, se rompieron el 7 de abril debido a un desplome de tierra en una región altamente sísmica y erosionada.
Un desastre que los afectados consideran se podría haber evitado porque, afirman en un comunicado, “el Ministerio del Ambiente y las operadoras (de los oleoductos) supieron con antelación del riesgo inminente del derrumbe que rompió la tubería, sin que haya evidencia sobre las acciones tomadas con esa información”.
“Tampoco hay evidencia del despliegue de medidas efectivas y oportunas para contener el avance del derrame ni para notificar a las comunidades río abajo sobre los peligros de la contaminación”, indicó una alianza de organizaciones indígenas y derechos humanos.
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