El Tribunal de Apelación confirmó el sobreseimiento provisional de cinco imputados en la causa conocida como “Caso Electrofácil”, al rechazar los recursos planteados por las defensas que buscaban un sobreseimiento definitivo. La decisión ratifica el criterio de primera instancia que consideró que, si bien no existen elementos suficientes para sostener una acusación en esta etapa, […]
El Tribunal de Apelación confirmó el sobreseimiento provisional de cinco imputados en la causa conocida como “Caso Electrofácil”, al rechazar los recursos planteados por las defensas que buscaban un sobreseimiento definitivo. La decisión ratifica el criterio de primera instancia que consideró que, si bien no existen elementos suficientes para sostener una acusación en esta etapa, aún quedan diligencias pendientes que podrían aportar nuevos elementos de convicción.
El fallo se refiere a Luis Emilio Saguier Blanco, Gabriel Mersán de Gásperi, Néstor Gabriel Añazco Añasco, Ángel Modesto Vallejos Ruiz y Luis Diego Pineda Bogado, investigados por presunta asociación criminal, lavado de dinero, estafa y lesión de confianza. El Ministerio Público, representado inicialmente por el fiscal Guillermo Ortega y luego ratificado por el fiscal adjunto Augusto Salas, había solicitado el sobreseimiento provisional con base en la necesidad de completar una serie de diligencias investigativas.
Las defensas cuestionaron la resolución del juzgado de garantías, argumentando principalmente la falta de individualización clara de las conductas atribuidas, la inexistencia de nuevos elementos de convicción y la prolongación excesiva del proceso, que ya supera los ocho años. Asimismo, sostuvieron que el sobreseimiento provisional fue utilizado de manera indebida como una extensión encubierta de la etapa investigativa, vulnerando el derecho al plazo razonable y la presunción de inocencia.
En particular, la defensa de Néstor Añazco alegó que nunca se describió con precisión la conducta atribuida a su representado, mientras que otras defensas se adhirieron a estos agravios, señalando además supuestas falencias en la actividad fiscal, incluyendo la omisión de diligencias durante la etapa preparatoria y cuestionamientos sobre la validez de algunas pruebas.
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