El Tribunal de Sentencia presidido por el magistrado Pablino Barreto, e integrado por Inés Galarza y Juan Dávalos, resolvió condenar al legislador colorado Erico Galeano a 13 años de pena privativa de libertad, al hallarlo culpable de colaborar con una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas.
Durante la lectura de la sentencia, el presidente del colegiado realizó una exposición detallada sobre la construcción jurídica de la conducta atribuida al acusado. El Tribunal consideró probado que Galeano mantuvo vínculos con la organización encabezada por Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán, señalados como líderes de un esquema transnacional de tráfico de cocaína.
Según el fallo, el entonces diputado adquirió un inmueble en el complejo Aqua Village por USD 210.599, operación que no fue consignada en su declaración jurada de bienes. Posteriormente, el inmueble fue vendido por USD 1.000.000 en efectivo a Hugo González Ramos, en una transacción que, de acuerdo con el Tribunal, buscó ocultar al verdadero comprador, Miguel Ángel Insfrán, vinculado a actividades de narcotráfico. Más adelante, Galeano presentó una rectificación de su declaración patrimonial en 2022, consignando un valor del inmueble de 4.200 millones de guaraníes, cifra superior a la...
El colegiado también tuvo por acreditado que el condenado facilitó una aeronave de su propiedad para el traslado de Insfrán y otros integrantes de la estructura criminal dentro del territorio nacional. La aeronave, conforme a lo expuesto en juicio, habría sido utilizada por la organización en operaciones vinculadas al tráfico de cocaína.
En otro tramo de la sentencia, Barreto explicó que se comprobó la recepción de importantes sumas de dinero por parte de Galeano en el contexto de su relación con miembros de la organización. Esos fondos, según el Tribunal, fueron posteriormente invertidos en el Club Deportivo Capiatá. El magistrado sostuvo que esta operación constituyó un mecanismo para introducir activos de origen ilícito en una actividad económica formal, otorgándoles apariencia de legalidad mediante su registro contable como créditos o cuentas a cobrar.
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