Para el tribunal de sentencia presidido por la magistrada Karina Cáceres, fueron probados todos los extremos alegados por el Ministerio Público que se creó una asociación criminal para desviar fondos de la gobernación de Central que debían ser destinados para la reactivación económica tras la pandemia.
Los acusados usaron facturas falsas de contribuyentes de otras zonas del país y de los propios funcionarios quienes fueron obligados a emitir facturas a nombre de la Ong CIAP, quienes lo hicieron para cobrar sus salarios.
Por tanto, el tribunal condenó a 10 años de cárcel al exgobernador Hugo Javier González Alegre por lesión de confianza y uso de documentos no auténticos en calidad de autor directo. Igualmente se revocó las medidas y ordenó su inmediata remisión al penal de Tacumbú.
Jugaron con la plata del dinero del pueblo paraguayo, desembolsaron un millón de dólares sin tener ningún legajo de las supuestas obras. Ni siquiera se presentó el convenio de cómo se iban a realizar las 14 obras que ya existían antes, afirmó la jueza Karina Cáceres.
Según el tribunal, desde el 2020 al 2021 Miguel Ángel Robles Ibarra exasesor de la gobernación de Central, creo y lideró el esquema integrado con funcionarios, constructores y la fundación Centro Integral de Apoyo Profesional CIAP, para lograr el desembolso de fondos de la gobernación y fue quien se quedó con la plata de la gobernación.
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