Desde el 13 de enero pasado, fecha que presentaron las planillas a favor de la enmienda constitucional, el oficialismo colorado empezó con el bochorno ya que ahí se descubrió que presentaron 1.142 firmas de personas fallecidas, más de 100 menores de edad y hasta condenados.
Empezó con una denuncia del asesor jurídico de Yacyretá, Luis Canillas, quien aseguró que la senadora Desirée Masi intenta asesinar al presidente Horacio Cartes y como prueba presentó una conversación, vía WhatsApp, entre senadores disidentes y opositores.
Canillas, quien percibe mensualmente G. 115.000.000 de la EBY, señaló que desde hace dos meses y medio (noviembre de 2016) accedió a conversaciones entre los legisladores críticos al Gobierno.
Según dijo, desde ese tiempo sabe que la senadora Masi busca atentar contra el presidente. Entre las conversaciones Masi pregunta en el chat: “Cuánto cuesta un sicario de medio pelo”.
Sin embargo, Canillas prefirió ir de vacaciones y recién a su vuelta denunciar que querían matar al presidente.
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