Este mes se cumplen dos años del plazo expresamente fijado en el Anexo C del Tratado de Itaipú para su renegociación y todo continúa exactamente igual. Nuestro país, en teoría dueño del 50%, en la práctica no puede disponer libremente de sus excedentes y es obligado a cederlos en su totalidad exclusivamente a su “socio” a cambio de una arbitraria “compensación”, totalmente divorciada del mejor precio de mercado en la región. Hace tan solo unos días Lula da Silva le reclamó a Donald Trump un trato de igual a igual y exclamó que Brasil “no es una república insignificante”. Tal parece que considera que Paraguay sí lo es y, tristemente, así se comporta también el Gobierno nacional.
La cláusula VI del Anexo C, que regula las “bases financieras y de prestación de servicios de electricidad de Itaipú”, textualmente estipula que las disposiciones del anexo “serán revisadas” en un plazo de “cincuenta años a partir del ingreso en vigor del Tratado, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, el grado de amortización de las deudas contraídas por Itaipú para la construcción del aprovechamiento y la relación entre las potencias contratadas por las entidades de ambos países”.
La deuda ya está totalmente amortizada y ese plazo se cumplió el 13 de agosto de 2023, en coincidencia con la puesta en funciones de Santiago Peña, quien asumió dos días después, el 15 de agosto de ese mismo año. Se daba por hecho que esta sería una de las máximas prioridades de su administración, pero han pasado dos años, la desventajosa situación no ha variado ni un centímetro y el Gobierno no ha exigido ni la plena restitución de los legítimos derechos del Paraguay ni el respeto de su soberanía.
Esto es así porque Itaipú es el producto del aprovechamiento de un recurso natural que pertenece a ambos países en partes estrictamente iguales, que es el enorme potencial energético derivado de la diferencia de altura del río Paraná entre los Saltos del Guairá y la desembocadura del río Yguazú. Pero el Paraguay jamás ha sido tratado de “igual a igual”, como le reclama Lula a Estados Unidos, sino como un vecino pobre y pequeño que “solo puso el agua” y que debe conformarse con una participación minoritaria y con las migajas que aceptan sus gobernantes, como los altos salarios, una porción...
Formalmente se reconoce la propiedad condómina igualitaria del recurso, pero, para todos los efectos prácticos, se establecieron las “trampas” del Anexo C. La principal de ellas es la figura de la “cesión”, instituida en el artículo II.5 (luego calcada por Yacyretá): “Cuando una entidad decide no utilizar parte de la potencia contratada o parte de la energía que a esta le corresponde, dentro del límite fijado, podrá autorizar a Itaipú a ceder a las otras entidades la parte que así se hiciera disponible”.
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