El fiscal anticorrupción Silvio Corbeta solicitó al magistrado Humberto Otazú, la revocatoria de las medidas cautelares y consecuente aplicación de la prisión preventiva a Enrique Javier Lovera Lezcano y Guido Ramón Vargas Gaete, acusados en el caso que investiga un millonario perjuicio a la comuna de Quyquyhó. El pedido de prisión preventiva fue presentado tras […]
El fiscal anticorrupción Silvio Corbeta solicitó al magistrado Humberto Otazú, la revocatoria de las medidas cautelares y consecuente aplicación de la prisión preventiva a Enrique Javier Lovera Lezcano y Guido Ramón Vargas Gaete, acusados en el caso que investiga un millonario perjuicio a la comuna de Quyquyhó.
El pedido de prisión preventiva fue presentado tras la nueva suspensión de la audiencia preliminar, debido a la recusación contra el juez Otazú por parte de ambos acusados.
En su requerimiento, el fiscal Corbeta alegó que la solicitud se sustenta en la necesidad de garantizar la realización del acto procesal, atendiendo a que los acusados han incurrido reiteradamente en conductas obstruccionistas dirigidas a dilatar el inicio de la audiencia preliminar, mediante diversos recursos legales y otras maniobras procesales.
Los acusados están procesados por los hechos de lavado de dinero y asociación criminal, a raíz del presunto desvío de G. 1.108.599.918 entre los años 2017 y 2018. Según la investigación, los fondos habrían sido utilizados por el entonces intendente Samaniego y su esposa, Patricia Adriana Corvalán (actual jefa comunal), para la adquisición de bienes inmuebles y la construcción de una residencia de dos plantas de 306 m², ubicada en el barrio San Vicente de Asunción, en un inmueble perteneciente a Blanca Gloria Álvarez viuda de Samaniego, madre del legislador.
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