Tras la denuncia sobre aparentes coimas en el negocio de los pozos del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía decidió iniciar una investigación de oficio. El ente rural ha hecho millonarias transferencias directas a ONGs y, supuestamente, el 30% del monto entregado queda retenido “para la corona”.
De acuerdo con lo informado ayer por el fiscal adjunto, Federico Espinoza, por instrucción del fiscal general del Estado se resolvió ordenar el inicio de una investigación penal de oficio.
“Se advierte la existencia de circunstancias fácticas que tendrían relevancia penal, de ahí que ameritaría la apertura de una investigación de oficio en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción”, señala el argumento técnico de la resolución 61 de dicha Unidad.
Igualmente, agrega, se encuentran reunidos los requisitos exigidos por el manual de procedimientos internos de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción para iniciar una investigación de oficio, “en cuanto a la forma de conocimiento de los hechos, presunta víctima, resumen de los hechos, fecha probable de realización de los hechos detectados, tipo penal en que se subsumirían los hechos detectados y evidencias con que se cuentan”.
“Los primeros cuatro elementos se encuentran en las publicaciones periodísticas. En cuanto al tipo penal en que se subsimirían los hechos detectados sería el cohecho pasivo. El carácter excepcional de la apertura de esta investigación surge del impacto social que genera el caso, tratándose de una institución pública como el Indert, como así también la complejidad de la causa y la supuesta vinculación de funcionarios públicos en la comisión de los hechos relatados”, añade.
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