Un trabajo articulado entre el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINA) y la Defensa Pública permitió concretar la protección de 14 niños, niñas y adolescentes que se encontraban en una situación de vulnerabilidad, luego de varios meses de seguimiento, asistencia y búsqueda de alternativas para evitar la separación del núcleo familiar.
Las autoridades explicaron que la medida fue adoptada como último recurso, debido a que, pese al acompañamiento brindado por las instituciones del Estado, no se logró revertir las condiciones de riesgo que afectaban a los menores de edad. Según los informes del caso, la falta de colaboración de los responsables adultos impidió avanzar con soluciones que permitieran mantener a los niños dentro de su entorno familiar.
Ante esta situación, los equipos técnicos determinaron que la permanencia de los menores en el hogar representaba un riesgo para su bienestar y seguridad, por lo que se dispuso su traslado a espacios de protección, incluyendo hogares de abrigo y familias acogedoras.
La defensora pública Diana Vega, quien tomó intervención formal en el caso en febrero de este año tras recibir la denuncia, señaló que desde ese momento se realizaron múltiples gestiones junto con las instituciones involucradas, con el objetivo de agotar todas las posibilidades antes de aplicar una medida de separación.
“Realmente trabajamos mucho por esta familia, realizamos múltiples gestiones, se brindó acompañamiento y se intentó fortalecer el entorno familiar para evitar una medida de separación. Sin embargo, la falta de colaboración de las madres y la persistencia de las situaciones de riesgo hicieron que la permanencia de los niños en ese entorno ya no fuera posible ni segura”, explicó la profesional.
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