Un vehículo de reparto cayó en una barrera policial-fiscal. El chofer y su acompañante contaban con autorización de la empresa. Sin embargo, los fiscales insistieron en verificar qué transportaban, cuando al abrir la furgoneta se encuentran con ollas, rubros que no aparecen como permitidos en el decreto presidencial.
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La fiscal advirtió en general que los propietarios de estas empresas serán procesados, pero que, por la sobrecarga de trabajo del Ministerio Público, las investigaciones serán llevadas adelante recién después del período de restricción.
En ese sentido, criticó que empresas y comercios que no están exceptuados por el decreto presidencial de restricción de circulación continúen convocando a sus empleados para realizar sus labores.
Indicó que, aunque el decreto establece que ciertas empresas pueden seguir activas, estas, a su vez, deben convocar a sus empleados cuyas actividades son imprescindibles y únicamente deben realizarse en sus lugares de trabajo. “No hace falta que convoquen a todo su personal como si operaran normalmente. Ese es el chip que les tiene que entrar en la cabeza a todos. El objetivo pues es reducir la circulación”, subrayó Sosa en comunicación con La Unión.
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