La Ley 5189 promulgada en el 2014 es juntamente con la 5282, del mismo año, una de las normativas más importantes que entraron en vigencia en los últimos años. Ambas significaron un paso importantísimo hacia la transparencia, la obligatoriedad de todas las instituciones del Estado que manejan dinero público a mostrar a la ciudadanía qué se hace con la plata, cómo se utiliza, quiénes son las personas escogidas para ser servidores públicos, en qué instituciones, a cuánto ascienden sus salarios y qué otros beneficios reciben. La gestión del ejecutivo regional tenía la calificación “cumplimiento intermedio” de la Ley 5189/14, que exige a las instituciones públicas a transparentar la administración. Aquí los funcionarios públicos se creen dueños de las instituciones y por tanto, pueden hacer con ellas lo que les venga en gana.
La Ley 5189 promulgada en el 2014 es juntamente con la 5282, del mismo año, una de las normativas más importantes que entraron en vigencia en los últimos años. Ambas significaron un paso importantísimo hacia la transparencia, la obligatoriedad de todas las instituciones del Estado que manejan dinero público a mostrar a la ciudadanía qué se hace con la plata, cómo se utiliza, quiénes son las personas escogidas para ser servidores públicos, en qué instituciones, a cuánto ascienden sus salarios y qué otros beneficios reciben.
En la práctica, sin embargo, dificultosamente se cumple lo que ambas leyes establecen, o en algunos casos se las ignoran directamente. La Municipalidad de Ciudad del Este y la Gobernación del Alto Paraná integran la larga lista de instituciones que se resisten a transparentar la gestión. Según un análisis realizado por la organización no gubernamental ReAcción Paraguay, la comuna solamente publica en su página web el 17% de los datos exigidos por la Ley 5189. Inclusive menciona que tras una campaña de pedido de informe realizado, se había presentado 65 solicitudes; 51 tuvieron respuestas...
La semana pasada, un informe de la Secretaría de la Función Pública reveló que el exgobernador colorado zacariísta Fernando Schuster se aplazó siete veces en el cumplimiento de la ley de transparencia. La gestión del ejecutivo regional tenía la calificación “cumplimiento intermedio” de la Ley 5189/14, que exige a las instituciones públicas a transparentar la administración. Igualmente, escondió de la ciudadanía los gastos en viáticos en los últimos cuatro meses de su gobierno.
Lastimosamente, en nuestro país el hecho que una autoridad ya sea municipal, departamental o nacional se niegue a transparentar su gestión es moneda corriente. Aquí los funcionarios públicos se creen dueños de las instituciones y por tanto, pueden hacer con ellas lo que les venga en gana.
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