Los pedidos de intervención en contra de intendencias cuyas administraciones fueron aplazadas por sus respectivas concejalías y están en la Cámara de Diputados para su estudio conllevan varios escollos para que, efectivamente, corran los acuerdos respectivos por parte de la Cámara, en razón de que algunos intendentes investigados tendrían la protección de los familiares que hoy ejercen como parlamentarios. En el segundo caso, el intendente de Puerto Casado, Hilario Adorno, tiene a su hermano, diputado Mino Adorno –integrante del bloque oficialista– como uno de los principales operadores para truncar el pedido de intervención.
Los pedidos de intervención en contra de intendencias cuyas administraciones fueron aplazadas por sus respectivas concejalías y están en la Cámara de Diputados para su estudio conllevan varios escollos para que, efectivamente, corran los acuerdos respectivos por parte de la Cámara, en razón de que algunos intendentes investigados tendrían la protección de los familiares que hoy ejercen como parlamentarios.
Se trata específicamente de los casos del intendente de Tomás Romero Pereira, Hernán Ysidro Rivas Román, y de Hilario Adorno, intendente de Puerto Casado.
Ambos tendrían la protección –según los pasillos del Congreso– de sus familiares que ejercen actualmente como legisladores de su mismo partido, la Asociación Nacional Republicana (ANR).
En el caso del primero, el intendente de Tomás R. Pereira, su hijo es el senador y miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Hernán Rivas.
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