Lo que ocurre en el km 60 de Yguazú vuelve a desnudar una realidad demasiado conocida en Paraguay: cuando las denuncias ambientales afectan a…
Lo que ocurre en el km 60 de Yguazú vuelve a desnudar una realidad demasiado conocida en Paraguay: cuando las denuncias ambientales afectan a ciudadanos comunes, pero del otro lado aparece una empresa poderosa, las instituciones parecen perder repentinamente la urgencia, la firmeza y hasta la capacidad de hacer cumplir la ley. Unas 50 familias aseguran que viven prácticamente sitiadas por el humo espeso y los olores nauseabundos provenientes de la planta asfáltica de Tape Porã, mientras el Ministerio Público exhibe una pasividad que resulta cada vez más difícil de justificar.
Los vecinos no están denunciando una incomodidad menor. Afirman que duermen, desayunan, almuerzan y desarrollan sus actividades cotidianas respirando humo y soportando olores que consideran insoportables. Incluso existe el caso de un niño de seis años con problemas respiratorios crónicos, cuya situación médica fue incorporada a la denuncia. Aun así, pasan los meses y quienes deberían ofrecer respuestas parecen haber condenado a estas familias a convivir indefinidamente con el problema.
En junio pasado, la fiscal Zunilda Ocampos Marín, de la unidad especializada contra delitos ambientales nº 2 de Alto Paraná, consiguió autorización judicial para allanar la planta. El procedimiento generó expectativa porque suponía que finalmente el Estado empezaría a investigar seriamente las denuncias. Pero, según los pobladores, después de aquel despliegue absolutamente nada cambió.
El humo continuó. Los olores continuaron. La desesperación de las familias también continuó.Entonces surge una pregunta inevitable: ¿para qué sirvió el allanamiento? Los propios moradores sostienen que aquel procedimiento terminó pareciendo un simple teatro. Y aunque semejante afirmación debe ser atribuida a quienes realizan la denuncia, resulta comprensible que exista esa percepción cuando, meses después, no se conocen resultados concretos, medidas correctivas, informes técnicos concluyentes ni avances capaces de llevar tranquilidad a los afectados.
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