El incendio que causó la muerte de cinco reclusos, así como la del jefe de seguridad de la cárcel de Tacumbú, Blas Gaona –gracias a cuya heroica acción no hubo más víctimas que lamentar–, vuelve a evidenciar las condiciones calamitosas e inhumanas en que se halla el sistema penitenciario. Lo ocurrido plantea la cuestión de si alguien asumirá alguna responsabilidad por la tragedia. Aquí no hay motivos para el optimismo, ya que ni siquiera unos hechos tan graves como el comentado suelen conllevar una sanción, aunque más no sea la de remoción del funcionario o del ministro responsable. Lo que la ciudadanía espera es que nunca más acontezca algo semejante, gracias a ministros y a funcionarios más honestos, idóneos y laboriosos. Y que quienes han demostrado no serlo sean enviados a sus casas y, si tienen responsabilidades, respondan por ellas.
El incendio que causó la muerte de cinco reclusos, así como la del jefe de seguridad de la cárcel de Tacumbú, Blas Gaona –gracias a cuya heroica acción no hubo más víctimas que lamentar–, vuelve a evidenciar las condiciones calamitosas e inhumanas en que se halla el sistema penitenciario. A inicios de diciembre del año pasado, la exministra de Justicia Sheila Abed lo calificó de “polvorín”, señalando que se precisaban 60 millones de dólares para reducir el hacinamiento y que la cuestión estaba siendo “postergada”. Su reemplazante, la ministra Carla Bacigalupo, elevó la suma necesaria a 155...
Lo sucedido en la mayor cárcel del país sugiere que ni siquiera se previeron los recursos necesarios para reparar los deterioros más peligrosos de su infraestructura o que, habiendo sido previstos, fueron simplemente malversados. En efecto, el siniestro fue el fatal resultado de un cortocircuito en las instalaciones eléctricas, debido a una sobrecarga.
Conste que, en mayo último, la licenciada Silvia Ruiz Díaz, trabajadora social de la Oficina de Apoyo a los Juzgados de Ejecución, informó a la jueza competente, Yolanda Morel, que los cables estirados y los enchufes improvisados para conectar electrodomésticos, en uno de los sectores que inspeccionó, “aumentan el riesgo de incendios y recalentamiento”. Con base en ese informe, la magistrada admitió un pedido de tutela jurisdiccional de la fiscala Celia Beckelmann y emplazó a la autoridad carcelaria a poner en buenas condiciones el establecimiento, dentro del plazo de noventa días, porque...
Por una trágica ironía, la orden fue emitida menos de veinticuatro horas antes del incendio que, por lo demás, reveló que las instalaciones de la prisión también atentan contra la misma vida humana. Tuvieron que intervenir una fiscala, una trabajadora social y una jueza para que se dicte una resolución que habría sido innecesaria si los responsables hubieran cumplido con su deber de mantener las instalaciones en buen estado.
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