Para la fiscala María Estefanía González, los integrantes imputados de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) son los responsables de la concesión para regular las máquinas electrónicas tragamonedas (MET) en sitios prohibidos según la Ley N° 1016/97. Hasta el momento la Fiscalía no procesó a los verdaderos ideólogos del millonario negociado, Lucy Sy, […]
Hasta el momento la Fiscalía no procesó a los verdaderos ideólogos del millonario negociado, Lucy Sy, empresaria taiwanesa, y Davi Teixeira do Amaral, empresario brasileño. Ambos estarían utilizando a otros testaferros brasileños, identificados como Anderson Luis Lam Vosch, Pedro Paulo da Silva Albuquerque y Raul Luiz Correa, quienes aparecen como accionistas y representante legal de la firma iCrop S.A.
Según estimaciones, teniendo en cuenta que la empresa se queda con el 74% de las recaudaciones, la ganancia mensual de la empresa rondaría los US$ 1.500.000. La agente del Ministerio Público afirmó que Conajzar concedió a la firma iCrop SA la legalización del uso de las mismas en comercios prohibidos a pesar de que la ley establece que son los municipios los responsables de controlar su explotación sitios exclusivos de juegos de azar.
La fiscala recalcó que la instalación de las máquinas está prohibida en sitios de libre concurrencia y en la vía pública, porque se induce a que niños y adolescentes las utilicen, situación que fue denunciada por el Ministerio de la Niñez, dirigida por Teresa Martínez.
El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, ratificó la imputación contra el presidente de la Conajzar, José Antonio Ortiz Báez, y los demás imputados, Carmen Alonso, Ricardo Núñez, Omar Mongelós, Rubén Rousillón y Raúl Silva por lesión de confianza, usurpación de funciones públicas, prevaricato y exacción en la investigación por las irregularidades en la concesión de tragamonedas.
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