La Corte chavista ordenó procesar a diputados opositores a la dictadura de Nicolás Maduro por “participar” en un fallido plan para derrocar al régimen. En Venezuela no existe la independencia de poderes. Solo el Parlamento es dirigido por la disidencia.
CARACAS (AFP). El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, cuyo presidente –Maikel Moreno– es leal al dictador Nicolás Maduro, ordenó procesar penalmente a diputados opositores por “la comisión flagrante” de delitos como traición a la patria y conspiración, una semana después de que esos legisladores apoyaran una fallida rebelión militar.
Sin embargo, el TSJ no especifica con exactitud los hechos que se les atribuyen a esos dirigentes, por lo que es vista como una clara persecución judicial contra la disidencia que busca poner fin al régimen chavista.
Como los presuntos delitos fueron cometidos de forma “flagrante”, los legisladores opositores carecen del beneficio de un antejuicio de mérito, un proceso político en el Supremo, sino que su caso “corresponde a los tribunales ordinarios en materia penal”, explicó la Corte.
Aunque inicialmente esta Corte chavista informó que la decisión afectaba a siete dirigentes opositores, en un segundo comunicado el TSJ excluyó a una de ellas y mantuvo a los parlamentarios Henry Ramos Allup (expresidente del Parlamento opositor), Luis Florido, Marianela Magallanes, Simón Calzadilla, Amerigo De Grazia y Richard Blanco.
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