La suerte del proyecto del metrobús se va a definir probablemente en el mes de septiembre próximo, cuando va a vencer el contrato de crédito, por US$ 125 millones, entre el Estado paraguayo y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financia las referidas obras, según explicaciones dadas ayer por el Ing. Augusto Ríos Tonina.
El profesional es uno de los 11 frentistas de Asunción y Fernando de la Mora que elevaron una denuncia sobre este proyecto al Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI), organismo del BID, pidiendo que se frenen los trabajos por violación a normas y la política operativa del banco.
“Ellos alegan que no han sido jamás consultados sobre la obra y que para aquellos que deberán desalojar la zona, no se ofrece ninguna alternativa de relocalización ni compensación económica. También plantean la falta de estudios de impacto ambiental e impacto sobre el patrimonio histórico”, se lee en la página web del MICI.
El informe agrega que “respecto al daño alegado (por los frentistas), plantean que esta obra tendrá un efecto negativo sobre su economía en dos vertientes: la primera durante la ejecución, en la que consideran que las ventas de sus comercios se verán afectadas por la falta de acceso y ello les llevará a reducciones de ingresos, al despido de empleados y al consecuente impacto en las economías familiares; la segunda vertiente es de aquéllos que han sido informados que deberán dejar la zona y ubicarse en otra área sin cursar planes de relocalización ni compensación”.
De todas formas, Ríos Tonina cree que el MICI, que ha pospuesto varias veces desde el 2017 un informe final de su investigación, ya no se pronunciará sobre este punto, porque además de que con seguridad el resultado es adverso para el BID, ellos habían condicionado su trabajo a que no se presente ninguna acción judicial por parte de los frentistas, y el 22 de mayo pasado el propio Ríos Tonina había llevado una denuncia y documentos probatorios a la Embajada de EE.UU. en Asunción, pidiendo que eso se traslade al Departamento de Justicia y se investigue por este caso a los responsables del BID.
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