ATENAS. Un primer ministro de izquierdas y ateo y un clero apegado a la derecha conservadora se enfrentan en una nueva guerra político-religiosa en Grecia, en torno a la relación entre la Iglesia y el Estado.
Las hostilidades ya copan las portadas de los periódicos. La veda se abrió cuando la jerarquía eclesiástica rechazó un proyecto destinado a “racionalizar” esta relación.
La medida prevé que los cerca de 10.000 popes dejen de contar como funcionarios, aunque seguirían cobrando del erario público, con un presupuesto de 200 millones de euros anuales. Pero esto plantea un problema: en un país de amplia mayoría ortodoxa y cuya Constitución está promulgada en nombre de la Santa Trinidad, el plan fue presentado conjuntamente por el primer ministro, Alexis Tsipras, y el jefe de la Iglesia, el arzobispo Ieronymos.
Tsipras, el primer dirigente griego que prestó juramento sobre el honor y no sobre el Evangelio y que no pasó por delante del pope con su pareja, pudo presentar un “acuerdo histórico”, respetando el espíritu, si no la letra, de sus promesas electorales de separar Iglesia y Estado.
Los ajustes financieros anunciados deberían reforzarse con una revisión constitucional que instaure la “neutralidad religiosa” del Estado y no la confesión ortodoxa como “religión dominante” del país.
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