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Ciudad de México, 1 sep (EFE).- La prohibición en México de la subcontratación laboral u «outsourcing» entró en vigor este miércoles como una promesa de justicia laboral del Gobierno a pesar del reclamo de cámaras empresariales, que exigían una prórroga y advertían de la pérdida de empleos.
Con la medida se han regularizado ya 2,7 millones de trabajadores y ha aumentado un promedio de 12 % su salario, afirmó recientemente Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
«Las empresas deben concluir su proceso de regularización de trabajadores y aquellas que ofrecen servicios especializados estar inscritas en el REPSE (Registro de prestadoras de servicios especializados u obras especializadas)», avisó la secretaria en sus redes esta semana.
El Gobierno promulgó el 24 de abril la reforma a la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y otras cinco leyes para limitar el «outsourcing», que considera herencia del «periodo neoliberal».
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