Pese a dictámenes jurídicos en contra, la Cooperativa de Ñeembucú (Coodeñe) pagó más de G. 350 millones a Diosnel Aguilera, directivo imputado por un supuesto fraude de más de G. 600 millones en la entidad, en concepto de indemnización como parte de un arreglo cuando este asumió el Consejo Directivo, habiendo una causa pendiente en la justicia, según datos a los que accedimos.
La cooperativa en cuestión arregló con Aguilera el pago de la citada cantidad, habiendo causas pendientes en la justicia. De acuerdo con los antecedentes recogidos por los agentes interventores del Incoop, el cuestionado directivo, quien además es decano de la Universidad Nacional de Pilar y concejal en la misma ciudad por el PLRA, se desempeñó como gerente de la cooperativa y fue desvinculado de la misma en diciembre de 2013 por sospechas en su gestión.
Sin embargo, en enero de 2014, Aguilera interpone una demanda laboral para pedir nulidad de despido, reintegro al trabajo y cobro en conceptos laborales, causa que aún no fue finiquitada judicialmente y que podría significar otra erogación a la cooperativa en el futuro.
Luego, en abril del mismo año, la cooperativa realiza la demanda penal contra la extesorera Perla Mileva Gutiérrez y el exgerente Diosnel Aguilera, e inicia una causa por hecho punible contra el patrimonio (lesión de confianza) entre otros.
Debido a la gravedad de la denuncia y con base en el testimonio de la extesorera, quien confesó pormenores de algunas operaciones, como reposiciones ficticias en el cajero automático y depósitos en cuentas personales del gerente, el Ministerio Público imputó en julio de 2014 a Gutiérrez y en agosto del mismo año amplió la imputación a Aguilera.
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