Nicolás Giudici Abdo, sobrino del presidente Mario Abdo Benítez, y el fiscal anticorrupción Osmar Legal aparecen como beneficiados para suscribir contratos de arrendamiento de lotes del IPS, ubicados en el condominio residencial Cantegrill, de San Bernardino. Fueron adjudicados junto a varias otras personas y empresas para construir casas de verano en inmuebles de la previsional. Los contratos -no firmados aún- son a precios generosos y por 20 años. Fiscal dice que ya presentó pedido para dejar sin efecto disposición.
El Consejo de Administración del autorizó el 7 de junio último la suscripción de contratos de arrendamiento de 24 inmuebles de la previsional, localizados en el condominio residencial Cantegrill de la veraniega ciudad de San Bernardino. Lo suspicaz es que entre los beneficiados con los contratos de alquiler por un plazo de 20 años aparecen personas cercanas al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y a altos funcionarios de la institución.
La documentación a la que accedió ABC revela que uno de los adjudicados es Nicolás Giudici Abdo, hijo de una de las hermanas de padre del actual mandatario. Giudici Abdo consiguió tres lotes: uno con superficie de 1.644 metros cuadrados y los otros dos con 834 metros cuadrados, respectivamente, por un generoso canon mensual de G. 900.000 cada uno, G. 3.600.000 en total, según la resolución CA N° 034-037/2023.
La misma disposición establece que Giudici Abdo tendrá un periodo de gracia de dos años para comenzar a pagar por el alquiler de los terrenos, en los cuales deberá hacer una inversión económica de G. 514.785.076, G. 393.77.860 y G. 391.027.860, respectivamente, para la construcción de viviendas unifamiliares de verano.
Una cuestión llamativa es que la esposa de Giudici Abdo, Stephanie Appleyard Allen, también consiguió ese mismo día el arrendamiento de otro lote del IPS en el condominio residencial Cantegrill. En su caso, el inmueble alquilado igualmente por 20 años y un canon mensual de G. 900.000 deberá tener una inversión económica de G. 413.586.360, en un periodo de cuatro años, para la construcción de una vivienda unifamiliar de verano, según la resolución CA N° 034-045/2023.
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