Las medidas administrativas adoptadas durante el gobierno de los Kirchner significaron un sobrecosto anual a la navegación fluvial paraguaya de US$ 150 millones, aseguró el presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay, Juan Carlos Muñoz. Todas están vigentes, aclaró.
Al destacar solo un ejemplo de lo que sucede con el comercio y la navegación fluvial paraguaya, Muñoz comentó que los exportadores de carne en contenedores se han visto obligados a operar en el puerto de Montevideo, que les cuesta alrededor de 50% más que haciéndolo por el puerto de Buenos Aires.
Afirmó que, además, sigue vigente la Resolución 11/08, que restringe los trasbordos en Montevideo de carga argentina y eso repercute en la cantidad de ofertas de servicios marítimos. “También continúa vigente, desde el 2013, la restricción sobre las dimensiones máximas de los convoyes desde la zona de Rosario para hacer el transporte hasta Nueva Palmira (Uruguay). No podemos seguir con el convoy completo como lo hacíamos antes, lo cual cuesta entre 3 y 7 dólares más por tonelada, sea de mineral o de sea soja”, dijo.
Afirmó que también está el “escaneo” de contenedores que se hacen en el puerto de Buenos Aires. “Si bien mermó mucho, siempre estamos con el Jesús en la boca, porque si a la Aduana argentina se le ocurre escanear, se deja a discreción del funcionario de turno, y nos obliga a trabajar gran parte con el puerto de Montevideo”, se quejó.
Recordó que todas estas medidas restringen el libre tránsito, violando el Tratado de la Hidrovía, y todo bajo presión del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), que ha tratado de quedarse con una parte de las cargas. “Pero ellos no tienen condiciones internas para poder generar una actividad naviera, por la legislación propia de la Argentina. Ellos mueven apenas el 1% de sus propias cargas vía fluvial, y eso ha sido lo más llamativo”, señaló el citado dirigente naviero.
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