Durante mucho tiempo la empresa privada estuvo separada de la influencia del Estado –lo que no significa ausencia de reglas claras y predecibles en la sociedad– y de ese modo se logró desde la Revolución Industrial liberal un progreso nunca antes logrado en la historia de la humanidad.
Pero aquel portentoso progreso que trajo abundancia y que permitió salir de la pobreza a millones de personas como nunca antes, también atrajo peligrosas ideas sesgadas de buenas intenciones. Aquellas ideas y suposiciones se apoderaron de los políticos y otros sectores como los mismos empresarios que, para evitar la competencia, se adhirieron a la coerción impuesta por los gobiernos para sacar del mercado a sus ocasionales competidores.
La libertad empresarial mediante las sociedades anónimas con títulos al portador que permite, entre otras, volver más eficiente el traspaso de la propiedad no solo es una cuestión de practicidad comercial, sino también una garantía que nadie puede inmiscuirse en los asuntos de cada quien; excepto, en caso que existan elementos a ser probados por los órganos del Estado recayendo la carga de la prueba sobre el agente gubernamental y no sobre el ciudadano, como en efecto hoy ocurre, violando el principio de inocencia y de la carga de la prueba.
Ya los romanos durante la República y luego el common law inglés sostenían que Incumbi probati qui disce, actore non probante reus absolvitur (Incumbe la prueba quien dice, no quien niega, actor que no prueba, el demandado es absuelto).
Sin embargo, la influencia del positivismo jurídico ha sido tal que se ha venido trastrocando sencillos y profundos principios del derecho cuya raíz es precisamente “lo que es justo” y no “lo que dice la autoridad” como ahora lamentablemente se enseña y se entiende.
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