Soberanía en jaque

Soberanía en jaque

Antes de usar con tanta generosidad la palabra soberanía, veamos primero que estamos haciendo para merecerla. El respeto se gana cumpliendo la palabra empeñada. Y en la lucha contra la corrupción, estamos lejos de ser siquiera medianamente buenos.

En estos días, se escucha muy a menudo la palabra soberanía. Nos gusta mucho envolvernos en su significado asociándolo a los colores de la bandera y a los nombres de los grandes próceres de la gesta independentista de 1811. Nos gana la solemnidad patriótica, nos volvemos intolerantes y condenamos la injerencia extranjera. No nos gusta que extraños anden husmeando en nuestros asuntos internos, nos califiquen y estigmaticen. Es entonces cuando, recurriendo al viejo vicio de la autoindulgencia, nos refugiamos en aquello de que los trapos sucios se lavan en casa.

Tal vez este aforismo siga siendo eficiente en el recinto familiar, pero ya no rige en la vida de las naciones. Antes de hacer proclamas de dignidad y de cantar el himno, debemos recordar que el Paraguay es miembro de un gran número de organizaciones internacionales y signatario de convenios, tratados y acuerdos que nos obligan a adoptar conductas de vigencia general y que hemos aceptado voluntariamente. Detrás de cada documento está la palabra comprometida por el Estado paraguayo a través de sus legítimos representantes.

Estos compromisos son tomados muy en serio por la comunidad de naciones soberanas, sobre todo, en lo que respecta al combate a la corrupción. Dos de ellos tienen alcance global. El primero es la Convención Interamericana Contra la Corrupción, firmado en 1996 y ratificado por la ley 977 del mismo año. El segundo es la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, suscrito en 2003 y ratificado por la ley 2535 de 2005. Ambos documentos no dejan lugar a dudas en cuanto a la obligación que asume cada signatario de ponerle proa en serio a la corrupción, instando a cada país miembro a...

La gran mayoría de las naciones obran conforme a las obligaciones asumidas, reservándose el derecho de admitir o no a personas bajo sospecha de corrupción, sobre todo si están o han estado en la función pública. Este mecanismo de cierre se activa cuando los sospechados operan en los sistemas financieros para el lavado de activos y recolocación de inversiones de origen espurio.

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