El caso de la mujer que fue absuelta de supuestamente querer robar potes de champú ni siquiera debió llegar a juicio, sin embargo pasó dos meses en prisión y vivió un calvario, desgastando también al Estado al perseguir bagatelas antes que a peces gordos.
Este caso denota una considerable diferencia con relación al tratamiento que se le da a los casos de políticos o personas que tiene ya sea mayor poder o dinero.
Si bien la Fiscalía y la Defensa Pública -por sus roles opuestos- obviamente difieren en el caso particular María Olga Santacruz, la mujer que desde 2017 enfrenta un proceso judicial, ambos coinciden que el caso fue una pérdida de tiempo y de esfuerzos para la acusada y la justicia, ya que esto no debió llegar a un juicio oral y público.
La defensora pública Liz Paola Mongelos, que llevó el caso de Santacruz indicó que la propia ley faculta al Ministerio Público a evitar este desgaste innecesario, en casos denominados como bagatelarios, donde el daño e ínfimo para la supuesta víctima.
Artículo del Código Penal. De hecho, la abogada pública detalló que en este caso ni siquiera se llegó a comprobar la intención del robo y tampoco hubo una denuncia formal del afectado, hecho que de existir, si hubiese justificado llegar a la instancia de juicio oral.
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