Un informe judicial revela un panorama inquietante en los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú, zonas fuertemente golpeadas por el narcotráficola mayoría de las personas condenadas por violar la Ley 1340/88 y sus modificaciones reciben penas leves, en su mayoría de entre 2 y 5 años, y muchas veces ni siquiera son privadas efectivamente de […]
Palacio de Justicia de CDE, donde muchos narcos son beneficiados por los juzgados de sentencia.
Un informe judicial revela un panorama inquietante en los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú, zonas fuertemente golpeadas por el narcotráficola mayoría de las personas condenadas por violar la Ley 1340/88 y sus modificaciones reciben penas leves, en su mayoría de entre 2 y 5 años, y muchas veces ni siquiera son privadas efectivamente de libertad. Los datos estadísticos refuerzan la percepción de que en la frontera Este del país existe una verdadera “puerta giratoria” judicial para narcotraficantes, quienes entran y salen del sistema penal sin mayores consecuencias.
El documento, que reúne más de 180 registros de personas condenadas o procesadas por tráfico de estupefacientes, muestra una preocupante constante judicial: penas mínimas, libertades condicionales anticipadas, suspensiones condicionales y medidas alternativas a la prisión son la norma, no la excepción.
El análisis revela que más del 60% de las penas aplicadas fueron de entre 2 y 5 años, con más de 40 casos entre 1 y 3 años, y al menos 25 condenas con suspensión condicional o a prueba, evitando completamente la prisión. Solo una pequeña minoría –menos de 10 casos– fue sentenciada a más de 10 años de cárcel, pese a la gravedad de la causa.
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