En setiembre del año 2016, la fiscala María José Pérez imputó al intendente de la ciudad de San Antonio, Raúl Isaac Mendoza Ramos (PLRA), por lesión de confianza. Está por cumplirse tres años y el Ministerio Público todavía no acusó.
Mendoza Ramos es actualmente llanista; según la coyuntura política fue cambiando de carpa dentro del partido al que está afiliado. Ahora busca impunidad con protección de Blas Llano, electo presidente del Congreso Nacional mediante un vergonzoso pacto.
El intendente recurrió a varias chicanas y recusaciones, aunque el Ministerio Público tampoco hizo mucho para avanzar en la investigación a fin de esclarecer el destino que le dio a unos 1.200 millones de guaraníes de los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
Es más, en agosto próximo vence el plazo para la investigación y si, tanto el Juzgado de Lambaré como el Ministerio Público, no realizan las acciones adecuadamente la denuncia quedará en el tradicional oparei (sin castigo). Faltan dos meses para que se cumpla el plazo y para la gente que sigue el proceso es prácticamente seguro que la impunidad, una vez más, triunfará.
Esta investigación corresponde a la gestión del periodo 2010-2015 de Mendoza. En el segundo periodo de administración, 2015-2020, los abusos del jefe comunal continúan y existen sospechas de sobrefacturaciones de la mayoría de las obras.
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