SAN PABLO. “Tengo dudas hasta qué punto está garantizada la autonomía de órganos de control” para el combate a la corrupción en el Gobierno de Jair Bolsonaro, dijo en entrevista con Efe Sergio Moro, famoso por su lucha contra la impunidad en Brasil y poderoso ministro de Justicia y de Seguridad Pública hasta abril.
Moro, de 47 años, fue juez de la megaoperación anticorrupción “Lava Jato” , que desde 2014 llevó a la cárcel a decenas de empresarios y políticos, entre ellos el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva -en libertad desde noviembre de 2019 después de estar encarcelado un año y siete meses-. A finales de 2018 el famoso juez renunció a 22 años de magistratura al aceptar ser ministro de Bolsonaro, quien lograba atraer así la bandera del combate a la corrupción.
Sin embargo, el periplo de Moro en el Ejecutivo estuvo lleno de percances. En junio de 2019, unas filtraciones publicadas por la web de investigación The Intercept, del estadounidense Glenn Greenwald, pusieron en tela juicio su imparcialidad. Los mensajes capturados del aplicativo Telegram insinuaron que el entonces juez podría haber extralimitado sus competencias al orientar la investigación contra el expresidente Lula.
Ya el 24 de abril de 2020 convocó una explosiva conferencia de prensa para presentar su dimisión alegando una supuesta “injerencia” de Bolsonaro en la Policía Federal en asuntos relativos a investigaciones que pueden llegar a afectar a alguno de sus hijos. “Mi salida del Gobierno fue exactamente para llamar la atención sobre este tema, relacionado en el caso específico con la Policía Federal, pero hubo noticias de interferencia de otros organismos administrativos”, subrayó. Moro, el miembro más popular del Gobierno durante los 15 meses que ejerció como ministro, desencadenó con sus...
En caso de que se comprueben las acusaciones, el mandatario puede ser sometido a un juicio e incluso ser cesado del cargo. En la entrevista por videoconferencia desde su domicilio de Curitiba (sur de Brasil), Moro acusa al presidente de “negacionismo” ante la COVID-19, que ha matado en el país a casi 70.000 personas e infectado a 1,7 millones; lamenta la “polarización política nociva” ; y evita hablar de una posible candidatura presidencial para 2022.
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